Solicite una cita a través de nuestro correo electrónico: arce@estudioarce.com, arcefuruya@outlook.com.pe, o llamando a nuestra Central Telefónica 710 4248, Cel. 998513531.


El paso del tiempo trae consecuencias legales, una de ellas es la prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias. De acuerdo al Código tributario el plazo de prescripción de las deudas tributarias es de 4 años cuando se presento la declaración correspondiente y de 6 cuando no se presentó. Sobre estos plazos debe entenderse que será de 6 años cuando no se presentó la declaración cuando se tenía la obligación de hacerlo, de lo contrario no podría aplicarse este supuesto, así lo reconoce el Tribunal Fiscal de su jurisprudencia.

Esto quiere decir, en buena cuenta, que el contribuyente que tiene una deuda de varios años de antiguedad puede solicitar a la SUNAT que se declare la prescripción de la misma.

La prescripción de la deuda no opera automáticamente, esta debe ser declarada por la administración tributaria a pedido de parte. Como ya algunos presumen, la respuesta de SUNAT en más del 95% de los casos es que se declara improcedente la solicitud de prescripción porque el plazo de prescripción ha sido interrumpido o suspendido, la diferencia para efectos prácticos, que es lo que le interesa al contribuyente, entre suspensión e interrupción no interesa mucho.

Lo que dirá la Administración Tributaria es que de acuerdo a la información que obra en sus sistemas a lo largo de todos estos años, se han producido actos administrativos que han suspendido y/o interrumpido el plazo prescriptorio, notificando una larga lista de estos actos, como notificaciones de ordenes de pago, cobranza coactiva, fraccionamientos, declaración de no habido etc.

Sin embargo, esto no debe desalentar al deudor, porque en caso que se emita una resolución declarando improcedente la solicitud de prescripción, el deudor tributario debe interponer recurso de apelación, el cual será resuelto en última instancia administrativa por el Tribunal Fiscal.

El plazo para apelar una resolución ante el Tribunal Fiscal es de 15 días hábiles, sin embargo, que ocurre si el contribuyente no presenta la apelación en dentro de ese plazo. Aunque hay jurisprudencia del propio Tribunal que señala que para procedimientos no contenciosos como este el plazo para apelar puede ser hasta de 6 meses; y aún cuando se haya pasado este plazo, el deudor puede presentar nuevamente su solicitud de prescripción, porque en estos casos el transcurso del tiempo es lo determinante en la procedencia o no de lo solicitado, por tanto una solicitud rechazada hoy puede ser atendida si se presenta mañana.

Pero, yendo al fondo del asunto, el Tribunal Fiscal aplica un criterio por el cual no basta con que la SUNAT diga que el plazo ha sido suspendido o interrumpido, sino que debe probar con los documentos correspondientes que efectivamente notificaron válidamente los actos que supuestamente interrumpieron o suspendieron el plazo de prescripción, situación que en muchas oportunidades no ha ocurrido, trayendo como consecuencia que se revoque la resolución de SUNAT que declaró improcedente la prescripción. Otro de los motivos por los que finalmente se puede obtener un resultado favorable en el el Tribunal Fiscal es la diferencia de criterios aplicados por ello y por la SUNAT, sobre que actos son los que suspenden el plazo o si el plazo puede volver a computarse una vez que este ya se cumplió, es decir una vez ganada la prescripción.

Lima, 15 de Enero de 2018
Luis Alberto Arce Furuya
Abogado Tributarista

“ Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son”

Los gastos originados por la ejecución del contrato de Asociación en Participación son deducibles del impuesto a la renta, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley para tal efecto.

Para determinar el tratamiento tributario de los pagos efectuados al asociado, primero debemos analizar la naturaleza del contrato. En algunas ocasiones, los participantes de un negocio suscriben un contrato al que denominan de Asociación en Participación, sin embargo, la Administración Tributaria podría darle un tratamiento distinto si el contenido del contrato no corresponde a uno de Asociación en Participación. Por ejemplo, podría tratarse de un contrato de consorcio o uno de arrendamiento.

Veamos el caso de un contrato de asociación en participación en el que el asociado aporta el uso de un activo, el cual será explotado por el asociante a cambio de una contraprestación.

Este contrato podría ser considerado por la Administración Tributaria (SUNAT) como uno de arrendamiento, porque de acuerdo al Código Civil, en el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien a cambio de una renta convenida.

Para verificar si este contrato debe considerarse como de asociación o arrendamiento debemos evaluar las características de cada uno de estos contratos. De acuerdo a la Ley General de Sociedades, la asociación en participación es un contrato por el cual el asociante concede a una persona natural o jurídica, asociado, una participación en los resultados de su empresa o negocio específico, a cambio de la entrega de dinero, bienes o la prestación de servicios, pero a diferencia del contrato de arrendamiento, el sujeto que entrega el bien comparte el riesgo del negocio con el que lo explota ( asociante).

En ambos contratos puede haber una cesión de uso de un bien, pero la diferencia es que en el arrendamiento no hay participación en el resultado y por tanto en el riesgo del negocio, sino que el cedente percibe una renta fija independientemente de los resultados finales del negocio.

De acuerdo a lo señalado, si un contrato denominado como de asociación en participación por sus partes, señala que el asociado que cede el uso de un bien como un inmueble por ejemplo a cambio de una retribución fija, en realidad estamos frente a un contrato de arrendamiento, y la Administración Tributaria podrá darle el tratamiento tributario de un arrendamiento, exigiéndose para la deducción de gastos los requisitos establecidos en las normas tributarias.

Si se trata de un contrato que efectivamente califica como uno de asociación en participación, el asociante no asume ninguna responsabilidad, porque deduce la contraprestación que paga al asociado como gastos, debiendo este declarar y pagar al fisco lo que corresponda por lo recibido.

El Asociado debe declarar las rentas percibidas como producto del contrato de asociación como rentas de tercera categoría, y el asociante la deducirá como gasto o costo.

La participación en el negocio pagada por el asociante al asociado en el contrato de asociación en participación, sólo puede ser deducida siempre que se acredite que se ha emitido el comprobante de pago correspondiente. A tal efecto, el literal b) del numeral 1) del artículo 6 del Reglamento de Comprobantes de Pago señala que están obligadas a emitir comprobantes de pago, las personas que realicen transferencias de bienes a título gratuito u oneroso, derivadas de actos y/o contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, arrendamiento financiero, asociación en participación, comodato y en general todas aquellas operaciones en las que el transferente otorgue el derecho a usar un bien.

Lima, 10 de Enero de 2018

Luis Alberto Arce Furuya

Abogado - Economista

JURISPRUDENCIA SOBRE MEDIOS DE PAGO

La Ley 28194, ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, dispone que solo serán válidos, además de cumplir con los requisitos sustanciales y formales en cada caso, para ser utilizados como costo o gasto, o ejercer el crédito fiscal, las adquisiciones que se cancelen con los medios de pago admitidos por la administración tributaria, salvo que el monto de la operación sea menor a S/. 3,500.00 soles o US$ 1,000.00 Dólares americanos.

De acuerdo a lo señalado, dentro de un procedimiento de fiscalización, la Admonistración Tributaria requerirá al contribuyente que acredite la cancelación de las operaciones utilizando los medios de pago aceptados, sin embargo, la SUNAT podrá determinar que varias operaciones de montos menores en realidad corresponden a una sola operación que puede haberse fraccionado intencionalmente para evitar la obligación de cumplir con la utilización de medios de pago.

Mediante la resolución del Tribunal Fiscal 01537-4-2017, el Tribunal Fiscal ha establecido el criterio por el cual limita esta facultad de Sunat, considerando que no basta que se detecten varias facturas con elementos comunes para presumir que se trata de una sola operación, sino que deben acreditarse otros elementos de prueba, como se señala a continuación:

RTF 01537-4-2017

“…si bien las facturas observadas contienen elementos comunes como los datos del proveedor y algunos productos similares detallados en las glosas de los comprobantes, ello no implica que se trate de una sola operación por proveedor y, por tanto, que supere en conjunto el monto establecido en la Ley N° 28194 para el uso de medios de pago, toda vez que la Sunat no acreditó que las partes hayan pactado un precio o cantidad determinada sobre cuya base pueda considerarse que las distintas facturas emitidas por el proveedor correspondan a una operación.”

Luis Alberto Arce Furuya
Abogado Tributarista

Citas?:
(01) 710-4248 / 998 513531

O escríbanos a los siguientes correos:

arcefuruya@outlook.com.pe, arce@estudioarce.com.